Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad para titulares del Ejecutivo y gubernaturas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión, la cual busca establecer como requisito obligatorio la nacionalidad mexicana por nacimiento y la renuncia a cualquier otra nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República o a las gubernaturas de las entidades federativas. La propuesta tiene como objetivo principal evitar posibles conflictos de interés o injerencias externas en la toma de decisiones estratégicas del país.

De acuerdo con la exposición de motivos enviada por el Ejecutivo federal, este requisito busca fortalecer la soberanía nacional y garantizar que quienes ocupen las posiciones de mayor responsabilidad política tengan una lealtad exclusiva hacia los intereses de México. La reforma contempla que, en caso de poseer una segunda nacionalidad, los interesados deberán realizar formalmente el proceso de renuncia antes de registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE) o los organismos locales correspondientes.

La iniciativa ha comenzado a generar diversas reacciones en el Poder Legislativo, donde las bancadas deberán analizar la viabilidad jurídica y política de la propuesta. El equipo de la Presidencia ha enfatizado que esta medida es una respuesta a la necesidad de salvaguardar la independencia de las instituciones frente a cualquier influencia extranjera que pudiera comprometer la estabilidad nacional en el contexto político actual.

El documento establece que esta disposición no solo aplicaría para la titularidad del Poder Ejecutivo federal, sino también para las jefaturas de gobierno estatales, buscando una homologación en los requisitos de acceso a cargos de alto nivel. Se espera que en los próximos días las comisiones de Puntos Constitucionales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República inicien la discusión técnica de este proyecto de ley.

La medida se enmarca en una serie de esfuerzos para robustecer la legislación nacional en materia de seguridad y soberanía política. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) será la encargada de coordinar los esfuerzos de comunicación con las diversas fuerzas políticas del Congreso para explicar los alcances de la reforma y buscar los consensos necesarios para su eventual aprobación.