Segob exhorta al INE y SCJN a ejercer austeridad en presupuesto 2027

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado formal este sábado a los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que actúen con prudencia y austeridad al definir sus solicitudes presupuestales para el ejercicio fiscal 2027. La funcionaria federal enfatizó que el próximo Paquete Económico debe reflejar el compromiso de la administración pública con la disciplina financiera y el uso eficiente de los recursos de la nación.

Durante su intervención, la titular de la Segob señaló que el gobierno federal priorizará el gasto social y los proyectos de infraestructura estratégica, por lo que resulta indispensable que los entes autónomos revisen cuidadosamente sus requerimientos operativos. La petición busca evitar gastos que se consideren excesivos, alineando las necesidades institucionales con el contexto de austeridad que el Poder Ejecutivo busca mantener durante el próximo año.

Rodríguez subrayó que el diálogo entre las instituciones es fundamental para la construcción del presupuesto. Según lo expuesto por su equipo de trabajo, la intención no es limitar las funciones sustantivas de los organismos, sino asegurar que cada peso solicitado esté plenamente justificado frente a las prioridades nacionales y las limitaciones del erario.

Por su parte, se espera que en las próximas semanas los representantes del INE y del Poder Judicial presenten sus anteproyectos de presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La postura del Ejecutivo federal es clara en cuanto a que los ajustes deberán ser reflejo de una administración pública austera, evitando cualquier incremento que no sea estrictamente necesario para el cumplimiento de sus mandatos constitucionales.

Finalmente, la Secretaría de Gobernación reiteró su disposición para mantener mesas de trabajo que permitan alcanzar consensos antes de que el Paquete Económico 2027 sea enviado oficialmente a la Cámara de Diputados. El objetivo es que el proceso presupuestario transcurra bajo un marco de colaboración institucional y transparencia, priorizando siempre la estabilidad macroeconómica del país.