La crisis de gobernabilidad en Sinaloa cuestiona el ejercicio del poder

La crisis de seguridad y la percepción ciudadana en Sinaloa han puesto en el centro del debate público la figura del gobernador Rubén Rocha Moya. En un análisis reciente, Yessica De Lamadrid cuestionó la capacidad operativa de las instituciones estatales frente a la influencia de actores externos que, según diversos sectores sociales, han erosionado la autoridad formal. Esta reflexión surge en un momento donde la presencia de la Guardia Nacional y las fuerzas federales ha sido constante en la entidad, evidenciando una dependencia del orden federal para mantener la estabilidad mínima.

El punto central del cuestionamiento radica en la diferencia conceptual entre mandar y gobernar. Mientras que el mando implica la capacidad de imponer directrices y mantener el control territorial, el gobierno requiere la legitimidad, la provisión de servicios públicos y la capacidad de garantizar el estado de derecho sin recurrir permanentemente a la excepcionalidad. En Sinaloa, la ciudadanía ha expresado en múltiples foros y espacios de opinión su preocupación ante la aparente parálisis de las políticas públicas locales frente a los desafíos de seguridad.

La administración de Rubén Rocha Moya enfrenta el reto de recuperar la confianza de los sectores productivos y sociales, quienes señalan que la vida cotidiana se ve alterada por la incertidumbre. La falta de una estrategia clara que logre separar las funciones de seguridad de la gestión administrativa ha generado un vacío donde la autoridad estatal parece rebasada. Esta situación no solo afecta la percepción de seguridad, sino que también impacta en el desarrollo económico y la inversión que el estado requiere para consolidarse.

Ante este escenario, diversas voces en la esfera pública sugieren que el gobierno estatal debe priorizar una reestructuración de su relación con las instituciones de seguridad federal. La propuesta se centra en fortalecer las policías locales y mejorar la coordinación con la SSPC y la SEDENA, evitando que el gobierno se limite a ser un espectador de la crisis. Sin un ejercicio de gobierno que trascienda la mera administración de la crisis, la gobernabilidad en Sinaloa continuará siendo un tema de constante escrutinio por parte de la sociedad civil y los observadores políticos.