Gobierno prevé traslado de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que su administración mantiene el seguimiento sobre el caso de Fernando Farías, quien es señalado por las autoridades federales de estar presuntamente vinculado a una red de tráfico ilícito de hidrocarburos, actividad conocida como 'huachicol fiscal'. Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo federal detalló que el gobierno mexicano trabaja en coordinación con las instancias internacionales para asegurar que no exista impunidad ante los delitos que afectan la recaudación y la soberanía energética del país.

El tema ha cobrado relevancia debido a los señalamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), instituciones que han intensificado las investigaciones sobre la evasión fiscal en el sector de combustibles. La Presidencia de la República sostiene que el objetivo es fortalecer la cooperación con los países donde residen personas bajo investigación, buscando que respondan ante los tribunales mexicanos por las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, la defensa legal de Fernando Farías emitió un posicionamiento negando categóricamente que su cliente se encuentre actualmente bajo un proceso formal de extradición hacia México. El abogado defensor enfatizó que no existen requerimientos judiciales vigentes que obliguen al traslado internacional del empresario, calificando las declaraciones públicas sobre el tema como especulaciones que no corresponden a la situación jurídica real de su representado.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el gobierno federal continuará recabando pruebas a través de la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer la carpeta de investigación. La administración federal reiteró su compromiso de combatir las estructuras financieras delictivas que operan en las fronteras y puertos del país, independientemente de los recursos legales que los implicados interpongan para evitar comparecer ante la justicia mexicana.