FGR no localiza a Rafael Ojeda por caso de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un operativo de búsqueda activa para localizar al almirante Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), quien ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público Federal. El citatorio responde a las investigaciones en curso sobre una red de huachicol fiscal que presuntamente operaba en instalaciones estratégicas. Hasta la mañana de este viernes 28 de agosto, el personal ministerial no ha logrado concretar la notificación formal, lo que ha retrasado el desahogo de las diligencias programadas por las autoridades judiciales.

La defensa legal de Farías Laguna, involucrado en el mismo proceso, ha expresado su inconformidad ante la ausencia del funcionario federal. Los representantes legales argumentan que la falta de comparecencia del titular de la SEMAR genera una parálisis procesal que afecta el derecho a una audiencia pública y expedita. Según los abogados, la inasistencia entorpece el esclarecimiento de los hechos y vulnera la transparencia que exige una investigación de esta naturaleza sobre el desvío de combustibles.

Fuentes cercanas al caso señalan que el paradero de Rafael Ojeda no ha sido confirmado por los canales oficiales de comunicación de la Secretaría de Marina. La FGR ha mantenido discreción sobre los detalles del citatorio y las posibles medidas que se tomarán en caso de que el funcionario continúe sin presentarse a declarar. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita un comunicado para aclarar si se buscará una nueva fecha de audiencia o si se recurrirá a mecanismos adicionales para asegurar su presencia.

Este caso ha generado reacciones en diversos sectores, quienes exigen que el Poder Judicial garantice la imparcialidad y el cumplimiento de la ley sin excepciones. La investigación sobre el huachicol fiscal representa uno de los retos más complejos para la Fiscalía en la actual administración, al involucrar a dependencias clave en la gestión de recursos energéticos. La opinión pública permanece a la expectativa de los resultados que arrojen las pesquisas sobre el posible impacto en las finanzas del Estado.