Familia denuncia despojo de predio y presuntos sobornos en fiscalía especializada

La familia Oropeza ha denunciado un presunto despojo de un terreno de 5.3 hectáreas ubicado en la zona de Insurgentes Sur, en la Ciudad de México. Los afectados señalan que, tras iniciar los procedimientos legales correspondientes, las carpetas de investigación han sufrido retrasos inusuales y, en diversas ocasiones, han sido reportadas como extraviadas dentro de la fiscalía especializada encargada del caso.

Según los denunciantes, el proceso jurídico se ha convertido en un calvario administrativo debido a las constantes trabas burocráticas y la falta de seguimiento por parte de las autoridades ministeriales. Los propietarios afirman que funcionarios han insinuado la necesidad de realizar pagos millonarios para agilizar los trámites y lograr la restitución de su propiedad, lo que ha derivado en una queja formal ante las instancias de control interno.

El predio en disputa es una extensión de tierra de alto valor inmobiliario en una de las zonas más estratégicas de la capital. La familia sostiene que cuentan con la documentación que acredita la propiedad legal, sin embargo, el avance de las investigaciones se ha estancado mientras los intentos de recuperación se ven obstaculizados por lo que describen como una red de corrupción institucional.

Ante esta situación, los afectados han solicitado la intervención de autoridades superiores para que se realice una auditoría sobre el manejo de sus expedientes. Por su parte, los representantes legales de la familia han indicado que presentarán nuevas pruebas ante la Fiscalía General de Justicia local para exigir que se esclarezca la desaparición de los documentos y se sancione a los servidores públicos implicados en las presuntas peticiones de soborno.

Este caso ha puesto de relieve las dificultades que enfrentan los ciudadanos en los procesos de litigio por tierras en zonas urbanas de alta plusvalía. La familia Oropeza mantiene la esperanza de recuperar su patrimonio, a pesar de que el desgaste emocional y económico derivado del proceso legal ha sido constante durante los últimos meses de litigio.