CRT publica prórroga de registro telefónico horas antes de su votación

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) generó incertidumbre en el sector tecnológico mexicano el pasado 25 de junio de 2026, al publicar de manera oficial la prórroga para el registro de usuarios de telefonía móvil once horas antes de que la medida fuera sometida a votación en el pleno. Este acto administrativo, que marca un precedente en la gestión de políticas digitales en México, tomó por sorpresa a millones de usuarios que esperaban una resolución formal tras semanas de debate sobre la viabilidad del padrón.

El documento, difundido a través de los canales oficiales de la dependencia, anticipó la decisión que los comisionados tomarían durante la sesión vespertina. Mientras que el sector regulado esperaba la votación para ajustar sus procesos operativos, la publicación previa dejó en evidencia una desconexión entre los tiempos administrativos de la Comisión y los procedimientos legislativos requeridos para la entrada en vigor de dichas modificaciones regulatorias.

Especialistas en telecomunicaciones han señalado que esta acción plantea dudas sobre la transparencia en la toma de decisiones dentro de la CRT. La normativa vigente exige que cualquier ajuste en los periodos de registro debe contar con el respaldo unánime de los integrantes del órgano regulador tras un proceso de deliberación pública, un requisito que, en este caso, se vio opacado por la difusión anticipada del acuerdo.

Por su parte, el equipo de la Comisión ha justificado la premura argumentando la necesidad de evitar la saturación en los centros de atención a usuarios ante la proximidad de los plazos fatales. Según sus voceros, el objetivo central era brindar certeza jurídica a las empresas del sector y permitir que los ciudadanos contaran con una mayor holgura para realizar los trámites necesarios sin enfrentar suspensiones en su servicio telefónico.

La situación ha provocado que diversos actores de la industria soliciten una revisión exhaustiva sobre el protocolo de publicación de acuerdos. La incertidumbre persiste entre los usuarios, quienes ahora cuestionan si la prórroga cuenta con la validez legal suficiente para garantizar la protección de sus datos personales y la continuidad de sus comunicaciones móviles en los próximos meses.